Reflexiones sobre la Ley Celaá y la Educación Especial

El Proyecto de la nueva Ley de Educación, con el acrónimo de LOMLOE (Ley Orgánica de modificación de la LOE) y conocida popularmente como Ley Celaá, se aprobó en el Congreso de los diputados el 15 de febrero de 2019. En abril de este año se ha reactivado la tramitación parlamentaria de la Ley, que consiste en seguir los pasos establecidos en el Procedimiento legislativo ordinario, con la pretensión última de su aprobación y publicación.

Habría que remarcar que se trata de una Ley Orgánica, que requiere mayoría absoluta para su aprobación (voto favorable de más de la mitad de los miembros del órgano correspondiente), lo cual no parece fácil en el momento político actual.

En este artículo queremos reflexionar sobre esta Ley, como personas directamente implicadas con la diversidad funcional infantil, personal y profesionalmente.

¿Por qué? Porque esta ley propone un cambio radical, aunque progresivo, sobre la inclusión real de niñas y niños con diversidad funcional o discapacidad (ver artículo “Lenguaje y discapacidad…digo, diversidad funcional”) en centros escolares ordinarios.

Una de las cuestiones más controvertidas, además de otras que no trataremos aquí, es la Disposición final cuarta del Proyecto de Ley, sobre la “Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales”, que dice:

“Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley.

El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Si os interesa profundizar, os animamos a revisar el “Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad” del Proyecto de Ley en su “Memoria de análisis de impacto normativo”, ver página 132 en adelante.

Ante la lectura de algo tan importante y tan delicado, la mayoría de los medios, asociaciones de madres y padres, colegios, etc. se han posicionado en dos bandos diferenciados y, al parecer, irreconciliables.

Por un lado, las personas que identifican la inclusión con una sociedad en definitiva más justa y diversa y, por el otro, las personas que leen entre líneas que el alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) no va a ser atendido como requiere y que no existirá ya un plan B, debido al cierre de facto de los colegios de educación especial. Estos últimos consideran a los primeros como los “ignorantes-del-buenismo-idealista” mientras que los primeros tratan a éstos como los “virgencita-que-me-quede-como-estoy”.

Como madre de un niño con diversidad funcional, con una experiencia negativa en un colegio concertado de integración que nos llevó a tener que escolarizarlo en un colegio público de educación especial, me resisto a unirme a cualquiera de los dos bandos.

Considero que sólo a través de una nueva ley de educación, como podría ser ésta, podremos avanzar como sociedad en la inclusión de las personas con diversidad funcional. Sin embargo, su consecución me llena de escepticismo y miedo.

En mi experiencia personal en Madrid, el cambio de modalidad de escolarización de ordinaria a especial se toma, muchas veces, por falta de recursos en los colegios ordinarios (principalmente, falta de personal especializado y formado para tratar a nuestr@s hij@s) y no porque sea la solución más adecuada a sus necesidades. ¿Somos conscientes de la cantidad ingente de dinero y medios -y tiempo de transición- que se tienen que destinar para que esto funcione?

Lo primero que me viene a la cabeza son las ratios de la escolarización ordinaria… ¡Es imposible atender a los alumnos de forma individualizada con 25-30 alumnos por clase! Si se pretende bajar la ratio se necesitan más profesores y más instalaciones. O mayor flexibilidad horaria, lo cual no parece muy factible con la conciliación familiar, como se está viendo ante las propuestas de inicio de curso el septiembre próximo con el COVID-19. ¿Cómo se plantea todo esto?

Además, no es solo el número de profesores, sino su formación y su implicación en la inclusión, ¿cuántos años de trabajo y recursos asignados se necesitan para tener a punto al profesorado? Y no se trata solo de los tutores, PT, AL (que, a día de hoy, o brillan por su ausencia o se cuentan con los dedos de una mano), sino también de otros profesionales, que son imprescindibles para el desarrollo y bienestar de gran parte del ACNEE: logopedas, fisioterapeutas, servicio médico.

¿Y qué hay de las instalaciones y los materiales adaptados? Gimnasios, circuitos, salas sensoriales, además de las adaptaciones curriculares de los materiales didácticos…

Yo, como madre, confiaría más en el proyecto de ley si en algún sitio se reconocieran estas cuestiones y se hablara de ellas.

Por lo demás, en cuanto al contexto político, ¿qué pasará cuando cambie el gobierno? ¿Se volverá al modelo inicial –la mayoría de los ACNEE otra vez a los coles de educación especial- como viene haciéndose desde hace décadas, con cada cambio de gobierno? Tendría que haber un consenso y, para eso, es necesaria una hoja de ruta clara y transparente para la ciudadanía, con un presupuesto asignado y un tiempo de transición en fases, empezando por el alumnado de menor edad (de lo contrario, la inclusión es, desde mi punto de vista, imposible). Y, para encarar esta transición, ¿por qué no empezar fomentando la modalidad de escolarización combinada, que tan poco se lleva en práctica en la actualidad pero que puede dar muy buenos resultados?

Y no olvidemos las competencias de las Administraciones autonómicas, ¿Cómo afecta esta Ley a ese reparto de competencias? Y, en relación a esto, ¿se primarán los recursos para los colegios públicos o para los concertados? En la Comunidad de Madrid dudo que la respuesta sea fomentar lo público.

Teniendo todo esto en cuenta, así como lo demás que podáis leer o escuchar, a modo de conclusión, me gustaría promover el acercamiento de posturas. Los progenitores y profesionales de la diversidad funcional necesitamos más información clara, en la que se especifiquen los recursos asignados y el plan de trabajo a seguir de aquí a diez años. De no ser así, el miedo va a seguir dictando nuestros movimientos que, además, se exacerbará por las organizaciones y partidos políticos que lo usan para sus propios fines. Pero el miedo es sólo un lastre para el cambio. Y la confianza y la esperanza de evolucionar a una sociedad mejor, una sociedad inclusiva, debe ser el principal motor de cambio.

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